Once relatores especiales de Naciones Unidas dieron a conocer una serie de cartas dirigidas a empresas, entidades financieras y a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, relacionadas con un megaproyecto de amoníaco en Sinaloa. En estos documentos alertan sobre los riesgos ambientales que la planta representa para la región y sobre las afectaciones a los derechos humanos del pueblo indígena yoreme-mayo, que depende directamente de este ecosistema.
Los expertos señalan la existencia de violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos, así como un patrón constante de violencia, hostigamiento y persecución contra personas y comunidades que se han manifestado en contra del proyecto. También advierten que la operación de la planta comprometería la biodiversidad de la zona y pondría en peligro la pesca de camarón, una actividad fundamental para la subsistencia de miles de familias en una de las regiones pesqueras más relevantes del país.
Ante este panorama, organizaciones mexicanas que acompañan al pueblo indígena afectado exigen la cancelación inmediata del proyecto.
La construcción de la planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, ubicada al noroeste de México, ha generado preocupación a nivel internacional. En septiembre pasado, once relatores de la ONU enviaron seis comunicaciones formales a las empresas y al banco involucrados en el megaproyecto —al que califican como una amenaza crítica—, así como a los gobiernos de los países de origen de las compañías participantes, solicitando que se atiendan las observaciones planteadas y se adopten medidas urgentes.
En dichos documentos, además de advertir sobre los impactos ambientales inminentes, los relatores subrayan la vulneración sistemática de derechos humanos, incluyendo agresiones contra defensores del territorio, criminalización de la protesta social y la falta de respeto a los derechos colectivos del pueblo indígena yoreme-mayo.
“Nos dicen que es desarrollo económico, pero no les importa el daño que han causado al tejido social de las comunidades que vivimos aquí”, afirma Claudia Susana Quintero Sandoval, defensora del territorio yoreme e integrante del movimiento “Aquí No”, una articulación de mujeres defensoras, autoridades tradicionales, pescadores, representantes ejidales, comisariados municipales y académicos que se oponen al proyecto.
Quintero también denuncia el impacto emocional que la situación ha generado en la comunidad: “Los niños nos preguntan si nos vamos a morir. ¿Cómo se le explica a un niño que su vida está en riesgo por una obra de este tipo?”.
Las cartas son resultado de una misión realizada en noviembre de 2024 por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ellas se sistematiza la información recabada sobre los efectos negativos en los derechos humanos derivados de la construcción de la planta, impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suiza Proman, y financiada por el banco alemán KfW IPEX-Bank, con apoyo adicional del Gobierno de Alemania.
En la comunicación dirigida al Estado mexicano, los relatores advierten que el proyecto afectaría de manera directa a pueblos indígenas, comunidades pesqueras, niñas y niños, y a la población en general, vulnerando su derecho a un medio ambiente sano, a la salud, al desarrollo y a la preservación de sus formas de vida y prácticas culturales vinculadas al territorio.
El documento también señala que la implementación del proyecto podría obstaculizar el ejercicio de libertades fundamentales, como la expresión, la reunión y la asociación, necesarias para la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, se advierte que las emisiones generadas por la operación de la planta y por el uso de sus productos petroquímicos contribuirían al cambio climático, además de intensificar la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica en la región.
Los relatores solicitaron a las partes involucradas responder en un plazo de 60 días para aclarar la información recibida por parte de las comunidades y especialistas. Hasta ahora, dichas respuestas no se han hecho públicas.
Proman GPO afirmó que ya entregó una respuesta integral a los relatores, respaldada por estudios técnicos y permisos vigentes, y aseguró que el proyecto cumple con la normativa nacional e internacional, además de respetar al medio ambiente y a las comunidades locales.
Por su parte, el banco alemán señaló que confía en que su respuesta presentada ante la Oficina del Alto Comisionado atiende de manera detallada todas las inquietudes planteadas, y evitó hacer más comentarios debido a que el proceso sigue en curso.
Un proyecto señalado como amenaza
La planta de amoníaco comenzó a construirse en 2014 sin que se realizara una consulta previa, libre e informada, como lo exige la normativa internacional, de acuerdo con las denuncias del pueblo indígena afectado. El proyecto contempla la producción diaria de 2200 toneladas de amoníaco anhidro, utilizado principalmente para la elaboración de fertilizantes.
Ante esta omisión, comunidades yoreme-mayo de varias localidades iniciaron una resistencia organizada. En abril de 2022, su presión logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocara los permisos otorgados, lo que obligó a suspender temporalmente las obras.
No obstante, la Corte ordenó llevar a cabo una consulta indígena que incluyera también a comunidades fuera del área directa de impacto. Dicho proceso se realizó a finales de ese mismo año, con resultados divididos: mientras ocho comunidades respaldaron el proyecto, las cuatro más cercanas al sitio de construcción lo rechazaron.
Pese a la oposición local, en agosto de 2024 un juez federal determinó que la consulta había sido legalmente concluida, lo que permitió a la empresa retomar las obras.
Los relatores advirtieron que esta situación podría evidenciar que el proceso no se realizó de buena fe y que aún sería necesario obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. A inicios de 2025, el megaproyecto sigue en marcha.
Especialistas señalan que la Bahía de Ohuira es vital para al menos 4000 pescadores y sus familias, además de ser un territorio sagrado para el pueblo yoreme-mayo y un refugio de alta biodiversidad. El área es reconocida como humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar) y forma parte de las Islas del Golfo de California, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Los documentos de la ONU detallan que el proyecto ha implicado la destrucción de manglares y humedales, afectando diversas especies de flora y fauna. Además, advierten que la planta utilizaría grandes volúmenes de agua de mar sin sistemas de filtración adecuados, lo que podría devastar poblaciones de larvas de camarón y afectar seriamente la pesca ribereña.
También señalan que el agua devuelta a la laguna tendría mayor temperatura y salinidad, lo que dañaría peces y crustáceos y agravaría los efectos del cambio climático. A esto se suma que por cada tonelada de amoníaco producida se emitirían más de una tonelada de dióxido de carbono.
Los impactos no serían solo ambientales. Los expertos alertan que una fuga de amoníaco —una sustancia altamente tóxica— podría tener consecuencias mortales, especialmente para niñas y niños. El propio estudio de riesgo presentado por la empresa reconoce que una fuga de apenas cinco minutos podría generar una nube tóxica de hasta 45 kilómetros de diámetro, poniendo en riesgo a más de 400 000 personas y a todo el ecosistema lagunar.
Además, el análisis no contempla futuras ampliaciones del proyecto, como una segunda planta de amoníaco o una planta de metanol.
Defender la bahía, a costa de la vida
Los relatores recuerdan que las personas defensoras del territorio han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, vigilancia, campañas de difamación, agresiones físicas e incluso intentos de desaparición. En febrero de 2024, una defensora denunció que fue interceptada y que intentaron subirla por la fuerza a un vehículo tras encabezar una protesta.
Desde 2022, varios integrantes visibles del movimiento “Aquí No” cuentan con medidas de protección federales y estatales. Sin embargo, los expertos advierten que estas no han sido suficientes para eliminar el riesgo ni el miedo en las comunidades.
“No hemos dejado de vivir con temor. Ha habido golpes, amenazas y un desgaste emocional enorme”, relata Quintero Sandoval, quien también señala que sus hijos tuvieron que alejarse por razones de seguridad.
Los relatores expresaron su preocupación por la falta de una consulta adecuada conforme a estándares internacionales y por la ausencia de medidas eficaces para prevenir violaciones a derechos humanos y daños ambientales.
“Esperamos respuestas, pero sobre todo acciones y reparación del daño”, concluye Quintero. “Hablan de bienestar, pero el bienestar de nuestras comunidades ha sido destruido”.
Organizaciones aliadas al movimiento “Aquí No”, entre ellas CEMDA y Greenpeace México, señalaron que las cartas de la ONU confirman la gravedad de la situación y exigieron que el Estado garantice la seguridad de quienes defienden su territorio y cancele el proyecto.
Finalmente, instaron al Gobierno de México, a la Semarnat y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a responder públicamente a las observaciones de los relatores y a utilizar sus facultades para frenar definitivamente la planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira.
