La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar los límites federales a las emisiones de gases de efecto invernadero ha desencadenado una inmediata respuesta política y legal por parte de gobiernos estatales demócratas y organizaciones ambientalistas, que anunciaron acciones judiciales para revertir la medida. La iniciativa, que cuestiona el consenso científico sobre el impacto de estas emisiones en la salud pública y el calentamiento global, podría abrir una prolongada batalla legal con implicaciones nacionales e internacionales.
El principal frente de resistencia será el estado de California, cuyo gobernador Gavin Newsom aseguró que su administración impugnará la decisión ante los tribunales, calificándola como una concesión directa a la industria de los combustibles fósiles y una acción que vulnera la legislación ambiental vigente. Newsom sostuvo que, pese a los cambios políticos federales, el compromiso de su estado con la acción climática seguirá siendo permanente y activo.
La medida también generó reacciones en el ámbito político nacional. El expresidente Barack Obama criticó la revocación del llamado “dictamen de peligro”, la resolución que durante su gobierno estableció formalmente que los gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud pública y que sirvió como base para regular las emisiones de vehículos y plantas energéticas. Según Obama, eliminar ese marco regulatorio debilita la capacidad del país para proteger la salud de la población y enfrentar la crisis climática.
La decisión del Ejecutivo también cuestiona la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para regular estos contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio, un principio respaldado previamente por decisiones judiciales. Ante este escenario, organizaciones ambientales como el Natural Resources Defense Council y Earthjustice confirmaron que presentarán demandas en los próximos días, anticipando un proceso judicial que podría prolongarse durante años y eventualmente llegar al Tribunal Supremo, donde la actual mayoría conservadora genera incertidumbre sobre el resultado final.
La nueva política elimina restricciones clave para el sector del transporte, responsable de una parte significativa de las emisiones estadounidenses, y forma parte de un conjunto de medidas que favorecen a los vehículos de combustión interna frente a la transición hacia tecnologías eléctricas impulsada en años anteriores. La Casa Blanca argumenta que la desregulación reducirá costos empresariales por más de un billón de dólares y estimulará el crecimiento económico, mientras que sus críticos sostienen que ignora los costos mucho mayores derivados de fenómenos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, incendios forestales, inundaciones y efectos sanitarios asociados al calor y la contaminación.
Especialistas en derecho ambiental advierten que la decisión podría desencadenar una nueva ola de litigios relacionados con la responsabilidad climática, reabriendo debates jurídicos que habían quedado parcialmente resueltos tras fallos judiciales que reconocieron a los gases de efecto invernadero como contaminantes atmosféricos sujetos a regulación federal. En este contexto, la confrontación legal entre la administración federal, los estados y las organizaciones ambientales se perfila como una de las disputas climáticas más relevantes de los próximos años en Estados Unidos.
