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jueves, 19 de febrero de 2026

  • febrero 19, 2026

 

Una transformación sin precedentes está ocurriendo en el Océano Atlántico y podría tener consecuencias profundas para el clima global. Investigaciones recientes detectaron una disminución cercana al 30% en la salinidad de una de las zonas tradicionalmente más salinas del Atlántico Norte, un cambio que no tiene precedentes en los registros científicos modernos y que ha encendido alertas entre oceanógrafos y climatólogos.

Este fenómeno está directamente relacionado con el acelerado derretimiento de glaciares y el incremento de lluvias en regiones cercanas al Ártico, lo que introduce grandes cantidades de agua dulce en el océano. Esta alteración química amenaza con debilitar la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), un sistema oceánico esencial que transporta calor alrededor del planeta y del cual forma parte la Corriente del Golfo.

La estabilidad de este mecanismo depende del equilibrio entre temperatura y salinidad, conocido como circulación termohalina. Normalmente, el agua fría y salada del Atlántico Norte se hunde debido a su mayor densidad, permitiendo que corrientes cálidas asciendan desde los trópicos hacia el norte. Este proceso es clave para mantener temperaturas moderadas en regiones como Europa Occidental, que de otro modo tendrían climas mucho más fríos.

Sin embargo, la reducción de la salinidad altera este delicado balance. El agua menos salada es menos densa y permanece en la superficie, dificultando su hundimiento y debilitando el sistema de circulación. Los científicos advierten que esta situación podría representar un “punto de inflexión”, lo que significa que el sistema podría acercarse a un colapso antes de lo previsto por los modelos climáticos anteriores.

Las consecuencias potenciales serían graves y generalizadas. Europa podría experimentar descensos de temperatura de hasta 10 °C en pocas décadas, mientras que el hemisferio sur retendría más calor, intensificando fenómenos extremos como sequías y lluvias torrenciales. Estos cambios tendrían efectos directos sobre la agricultura, los ecosistemas y la seguridad alimentaria mundial.

El impacto también se extendería al aumento del nivel del mar. En la costa este de Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Boston y Miami enfrentarían un mayor riesgo de inundaciones debido a la acumulación de agua causada por la alteración de las corrientes oceánicas y el calentamiento del océano.

Este debilitamiento se produce en un contexto de temperaturas globales récord y pérdida acelerada de hielo polar, señales de un sistema climático bajo presión creciente. Los expertos advierten que, si la circulación oceánica supera un umbral crítico, no existe tecnología capaz de restaurarla.

Ante este escenario, la comunidad científica subraya la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer el monitoreo oceánico, ya que la estabilidad de esta circulación es fundamental para el equilibrio climático de todo el planeta.

  • febrero 19, 2026

 

Un virus altamente mortal está avanzando en uno de los ecosistemas más aislados y frágiles del mundo. La gripe aviar H5N1, detectada por primera vez en la Antártida en 2024, ya se ha propagado a lo largo de casi 1.000 kilómetros de la costa occidental, afectando a múltiples especies nativas.

Expediciones científicas recientes confirmaron contagios en aves marinas y mamíferos, incluyendo pingüinos, cormoranes, gaviotas y lobos marinos. Sin embargo, los expertos advierten que el número real de animales afectados podría ser mucho mayor, debido a las dificultades para monitorear zonas remotas bajo condiciones extremas.

El virus es especialmente peligroso porque puede provocar la muerte de la mayoría de las aves infectadas en cuestión de días. Esto representa una amenaza directa para especies con poblaciones reducidas, cuya pérdida tendría consecuencias irreversibles para el equilibrio ecológico de la región.

La situación forma parte de una crisis más amplia: desde 2021, esta cepa ha afectado a millones de animales en distintos continentes e incluso ha comenzado a transmitirse a mamíferos. Los científicos alertan que, aunque los contagios en humanos siguen siendo poco frecuentes, la alta tasa de mortalidad y el potencial de mutación mantienen la preocupación global.

Especialistas subrayan que la expansión del virus en la Antártida no solo pone en peligro a especies emblemáticas, sino que también evidencia la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a enfermedades emergentes, reforzando la urgencia de vigilancia científica y cooperación internacional para contener su avance.

  • febrero 19, 2026


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Metales tóxicos detectados en cultivos tras desastre minero en Brasil: casi una década después, la contaminación sigue amenazando la salud

El colapso de la represa de Fundão, ocurrido en 2015 en Mariana, estado de Minas Gerais, continúa generando consecuencias ambientales y sanitarias casi diez años después. El desastre liberó más de 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros al río Doce, contaminando cientos de kilómetros de ecosistemas y afectando gravemente a comunidades en Minas Gerais y Espírito Santo.

Ahora, un nuevo estudio científico ha confirmado que esta contaminación sigue presente en la cadena alimentaria. Investigadores de la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES) y la Universidad de Santiago de Compostela analizaron entre 2019 y 2024 la presencia de elementos potencialmente tóxicos en cultivos agrícolas cercanos al estuario del río Doce, en el municipio de Linhares.

El análisis identificó la transferencia de metales como cadmio, cromo, cobre, níquel y plomo desde los suelos contaminados hacia las partes comestibles de cultivos como banana, yuca y cacao.

Los resultados revelaron que la banana y la yuca acumulan mayores concentraciones de contaminantes en sus raíces y tejidos comestibles, mientras que el cacao presentó niveles elevados de cobre y plomo tanto en hojas como en frutos, superando en algunos casos los límites establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de plomo y cadmio en bananas en concentraciones que representan un riesgo potencial para la salud infantil. El índice total de riesgo (TRI), utilizado para evaluar el impacto en la salud humana, se mantuvo dentro de parámetros aceptables en adultos, pero superó los niveles de seguridad en niños menores de seis años, principalmente debido a la exposición al plomo.

Este metal es especialmente peligroso, ya que incluso en pequeñas cantidades puede provocar daños neurológicos irreversibles, afectar el desarrollo cognitivo y reducir el coeficiente intelectual. El cadmio, por su parte, está asociado con daños renales y deterioro óseo cuando la exposición ocurre de forma prolongada.

Aunque los científicos aclaran que los niveles detectados no representan un riesgo inmediato, advierten que la persistencia de estos metales en el ambiente es motivo de preocupación, debido a su capacidad de permanecer durante décadas en el suelo y acumularse progresivamente en el organismo humano a través del consumo de alimentos contaminados.

El impacto del desastre va más allá de la salud. La liberación de residuos mineros devastó más de 650 kilómetros del curso del río Doce, destruyendo ecosistemas y afectando gravemente la economía de miles de familias que dependían de la pesca y la agricultura.

Además, la contaminación ha provocado una crisis social en comunidades rurales, indígenas y ribereñas, muchas de las cuales se vieron obligadas a abandonar sus fuentes tradicionales de agua o modificar sus prácticas agrícolas. La pérdida de confianza en los productos locales también ha perjudicado a pequeños productores, reduciendo sus ingresos y afectando su estabilidad económica.

Como respuesta, la Fundación Renova, creada por las empresas mineras responsables junto con el gobierno brasileño, ha implementado programas de compensación y restauración ambiental, aunque diversas comunidades han denunciado retrasos y falta de soluciones efectivas.

Las autoridades ambientales también han revisado los protocolos de supervisión de represas mineras, pero persisten preocupaciones, ya que más del 60 % de estas estructuras aún no cuenta con planes de emergencia accesibles al público.

Paralelamente, universidades, gobiernos locales y organismos científicos trabajan en estrategias como la fitorremediación y la rotación de cultivos para reducir la contaminación del suelo, mientras que nuevos proyectos buscan identificar zonas seguras para la producción agrícola.

Los investigadores subrayan que estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de integrar el conocimiento científico en las políticas públicas y reforzar el monitoreo de contaminantes en alimentos, especialmente aquellos destinados al consumo infantil.

A casi una década del desastre, el caso del río Doce demuestra que los efectos de la contaminación minera pueden persistir durante generaciones, representando un desafío ambiental, sanitario y social que aún está lejos de resolverse.

miércoles, 18 de febrero de 2026

  • febrero 18, 2026

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar los límites federales a las emisiones de gases de efecto invernadero ha desencadenado una inmediata respuesta política y legal por parte de gobiernos estatales demócratas y organizaciones ambientalistas, que anunciaron acciones judiciales para revertir la medida. La iniciativa, que cuestiona el consenso científico sobre el impacto de estas emisiones en la salud pública y el calentamiento global, podría abrir una prolongada batalla legal con implicaciones nacionales e internacionales.

El principal frente de resistencia será el estado de California, cuyo gobernador Gavin Newsom aseguró que su administración impugnará la decisión ante los tribunales, calificándola como una concesión directa a la industria de los combustibles fósiles y una acción que vulnera la legislación ambiental vigente. Newsom sostuvo que, pese a los cambios políticos federales, el compromiso de su estado con la acción climática seguirá siendo permanente y activo.

La medida también generó reacciones en el ámbito político nacional. El expresidente Barack Obama criticó la revocación del llamado “dictamen de peligro”, la resolución que durante su gobierno estableció formalmente que los gases de efecto invernadero representan un riesgo para la salud pública y que sirvió como base para regular las emisiones de vehículos y plantas energéticas. Según Obama, eliminar ese marco regulatorio debilita la capacidad del país para proteger la salud de la población y enfrentar la crisis climática.

La decisión del Ejecutivo también cuestiona la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para regular estos contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio, un principio respaldado previamente por decisiones judiciales. Ante este escenario, organizaciones ambientales como el Natural Resources Defense Council y Earthjustice confirmaron que presentarán demandas en los próximos días, anticipando un proceso judicial que podría prolongarse durante años y eventualmente llegar al Tribunal Supremo, donde la actual mayoría conservadora genera incertidumbre sobre el resultado final.

La nueva política elimina restricciones clave para el sector del transporte, responsable de una parte significativa de las emisiones estadounidenses, y forma parte de un conjunto de medidas que favorecen a los vehículos de combustión interna frente a la transición hacia tecnologías eléctricas impulsada en años anteriores. La Casa Blanca argumenta que la desregulación reducirá costos empresariales por más de un billón de dólares y estimulará el crecimiento económico, mientras que sus críticos sostienen que ignora los costos mucho mayores derivados de fenómenos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, incendios forestales, inundaciones y efectos sanitarios asociados al calor y la contaminación.

Especialistas en derecho ambiental advierten que la decisión podría desencadenar una nueva ola de litigios relacionados con la responsabilidad climática, reabriendo debates jurídicos que habían quedado parcialmente resueltos tras fallos judiciales que reconocieron a los gases de efecto invernadero como contaminantes atmosféricos sujetos a regulación federal. En este contexto, la confrontación legal entre la administración federal, los estados y las organizaciones ambientales se perfila como una de las disputas climáticas más relevantes de los próximos años en Estados Unidos.

  • febrero 18, 2026

La evidencia científica vuelve a colocar al cambio climático en el centro del debate público tras confirmar que el calentamiento global incrementó la intensidad y el alcance de la dana que golpeó Valencia y dejó más de 230 víctimas, además de graves daños materiales. Estudios de atribución también han vinculado la crisis climática con fenómenos como la tormenta Filomena y los incendios forestales que devastaron amplias zonas de Castilla y León y Galicia, así como con el reciente encadenamiento de borrascas que provocó evacuaciones masivas en el sur de España y Portugal.

Pese a la acumulación de pruebas, crecen en paralelo posturas políticas que minimizan o retrasan la acción climática. Expertos advierten que ignorar la evidencia científica o aplazar la transición ecológica no solo implica desatender el conocimiento disponible, sino también poner en riesgo vidas humanas, economías locales e infraestructuras críticas.

Ante este escenario, especialistas coinciden en que es prioritario reforzar tanto las políticas de mitigación —centradas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la transformación del modelo energético y la revisión del uso del suelo— como las estrategias de adaptación, orientadas a reducir los daños inevitables. La eliminación de subsidios a combustibles fósiles y el impulso de energías renovables forman parte de las medidas clave, en las que intervienen gobiernos nacionales y administraciones locales.

Al mismo tiempo, la adaptación cobra mayor urgencia frente a fenómenos cada vez más frecuentes y severos. La planificación urbana debe incorporar mapas de riesgo actualizados; la agricultura necesita ajustarse a nuevas condiciones climáticas; y las infraestructuras deben diseñarse para resistir lluvias torrenciales, incendios y olas de calor más intensas.

Informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, sitúan al cambio climático entre los principales riesgos globales. En este contexto, expertos subrayan que la respuesta política no puede limitarse a declaraciones, sino traducirse en acciones coordinadas y sostenidas. La crisis climática no solo es una cuestión ambiental, sino también un desafío de seguridad y gobernanza que exige decisiones inmediatas para proteger a la población y garantizar la resiliencia de los territorios.

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