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jueves, 29 de enero de 2026

  • enero 29, 2026


Durante el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Donald Trump anunció un giro relevante en la política extractiva de Estados Unidos: acelerar la autorización de proyectos de minería submarina en aguas internacionales. La decisión marca un punto de inflexión en la forma en que el país busca asegurar el acceso a minerales estratégicos.

La medida quedó formalizada a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que ahora concentrará los procesos de licenciamiento en una sola evaluación más rápida. El objetivo es claro: reducir tiempos burocráticos y disminuir la dependencia de China, que actualmente domina gran parte del mercado global de metales críticos utilizados en vehículos eléctricos, baterías y tecnología avanzada.

El Pacífico como nuevo foco de interés

Las empresas mineras dirigen su atención a amplias zonas del océano Pacífico, donde se concentran los llamados nódulos polimetálicos. Estas formaciones, del tamaño de una papa, contienen altas concentraciones de níquel, cobre, manganeso y cobalto, elementos clave para la transición energética.

Estos recursos se encuentran a miles de metros de profundidad y fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que convierte su explotación en un desafío legal y político. La situación se vuelve aún más compleja debido a que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Mientras la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) intenta establecer reglas globales sin lograr consensos sólidos, el gobierno estadounidense decidió avanzar de forma unilateral, amparándose en la Ley de Recursos de Minerales Duros de los Fondos Marinos de 1980.

Qué cambia con el nuevo decreto

El plan impulsado por Trump incluye varios puntos clave. Por un lado, se simplifican los trámites administrativos mediante la unificación de criterios, lo que reduce los plazos de espera para las empresas interesadas.

Además, se establece un proceso específico para la Plataforma Continental Exterior, es decir, las zonas marítimas bajo jurisdicción directa de Estados Unidos, que se extienden hasta 200 millas náuticas.

Este marco ya está siendo aprovechado por compañías privadas. Un ejemplo es The Metals Company, de origen canadiense, que inició trámites para operar bajo estas nuevas reglas, sentando un precedente para futuras explotaciones.

Promesas económicas y alertas científicas

Quienes defienden la minería submarina argumentan que podría ser una alternativa menos dañina que la minería terrestre, la cual suele generar deforestación, contaminación visible y conflictos sociales. Desde esta perspectiva, extraer minerales del fondo marino permitiría satisfacer la demanda tecnológica con menores costos sociales.

Sin embargo, la comunidad científica y organizaciones ambientales advierten que los riesgos son profundos y potencialmente irreversibles. Se estima que cerca del 90% de las especies que habitan las profundidades marinas aún no han sido identificadas. La remoción del fondo oceánico podría provocar extinciones masivas antes siquiera de conocer estos ecosistemas.

Otro punto crítico es la alteración de la columna de agua. Las nubes de sedimentos generadas por la extracción pueden asfixiar organismos filtradores, bloquear la luz y alterar procesos biológicos esenciales. A esto se suman el ruido y la iluminación artificial, que afectan a ballenas, tiburones y otras especies sensibles.

Desde el punto de vista climático, el fondo marino funciona como un enorme sumidero de carbono. Su perturbación podría liberar grandes cantidades de CO₂, intensificando el calentamiento global. Además, existe preocupación por los impactos indirectos en las pesquerías y la seguridad alimentaria de comunidades costeras.

El fondo del mar como escenario geopolítico

Con esta estrategia, Trump no solo acelera la explotación de recursos, sino que abre un nuevo frente en la disputa comercial y tecnológica con China. El lecho marino se convierte así en un tablero estratégico donde chocan intereses económicos, ambiciones geopolíticas y la protección ambiental.

La minería submarina internacional, aún en debate dentro de la ISA, enfrenta una tensión creciente entre la urgencia de obtener minerales críticos y la necesidad de preservar uno de los ecosistemas menos explorados del planeta.

La decisión de Estados Unidos reaviva una pregunta central: ¿es posible explotar el fondo del océano sin comprometer la biodiversidad y el equilibrio climático? Mientras avanza la competencia global por los recursos, científicos advierten que el costo ambiental podría ser irreversible si no se establecen límites claros.

  • enero 29, 2026

 


Australia atraviesa uno de los episodios de calor más intensos de su historia reciente. En distintas regiones del país, los termómetros se han acercado a los 50 °C, alterando la vida cotidiana y activando alertas sanitarias y ambientales a gran escala.

Este fenómeno no solo representa un evento aislado, sino que refuerza la preocupación por el impacto del cambio climático. La recurrencia de temperaturas extremas deja de ser excepcional y comienza a consolidarse como una nueva normalidad, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Récords térmicos y riesgo creciente de incendios

En el sur y sureste del país, localidades como Hopetoun y Walpeup alcanzaron los 48,9 °C, valores muy cercanos a los registrados durante incendios históricos. En Victoria, varios focos permanecen activos y fuera de control, mientras que la combinación de calor extremo, sequedad y viento eleva el riesgo de nuevos siniestros.

Al mismo tiempo, estados como Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y Queensland registran jornadas consecutivas por encima de los 40 °C, lo que incrementa la vulnerabilidad de comunidades enteras.

Infraestructura bajo presión

La ola de calor también pone a prueba la capacidad de respuesta del país. La demanda eléctrica por sistemas de refrigeración alcanzó picos inusuales, lo que llevó a las autoridades a advertir sobre posibles cortes de energía. Hospitales, servicios de emergencia y centros de atención mantienen protocolos especiales ante el aumento de casos relacionados con el calor.

Eventos deportivos y actividades al aire libre han sido reprogramados o cancelados para reducir riesgos por exposición prolongada a temperaturas extremas.

Un patrón que se repite

La Oficina de Meteorología calificó el episodio como histórico. Aunque no se superó el récord absoluto nacional, ciudades como Mildura acumulan en un solo mes más días de calor extremo que los registrados durante décadas del siglo pasado. Este comportamiento evidencia un cambio estructural en el clima australiano.

Las autoridades explican que la ola se debe a una masa de aire caliente estacionada proveniente del noroeste, combinada con la falta de lluvias y sistemas atmosféricos que impiden el ingreso de aire más fresco. Si bien se espera un alivio gradual, las zonas interiores continuarán bajo estrés térmico.

Prepararse para un clima más extremo

Frente a este escenario, expertos subrayan la importancia de la prevención: hidratación constante, evitar la exposición en horas críticas y prestar especial atención a adultos mayores, niños y mascotas.

El impacto del calor extremo atraviesa la salud, la economía y el ambiente. Por ello, la adaptación ya no puede postergarse. Fortalecer sistemas de alerta, infraestructura resiliente y planificación urbana será clave para enfrentar un clima que ya muestra señales claras de intensificarse.

  • enero 29, 2026

 


A más de tres décadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), organizaciones comunitarias y pueblos indígenas aseguran que su impacto en México ha dejado una herencia poco visible pero profundamente dañina: más de 60 regiones del país afectadas por contaminación severa y crisis sanitarias, conocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), o “infiernos ambientales”.

La denuncia fue realizada por la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), que exige a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la creación urgente de un plan integral de justicia ambiental, ante los graves daños a la salud que enfrentan miles de personas que viven en estos territorios.

Durante una conferencia pública, representantes de la red señalaron que la expansión de empresas transnacionales, corredores industriales, proyectos extractivos y parques agroindustriales, impulsada bajo el modelo de libre comercio, se ha realizado sin considerar los costos ambientales ni sanitarios para las comunidades locales.

“Durante más de 30 años hemos vivido expuestos a sustancias tóxicas que se acumulan en nuestros cuerpos”, afirmó Alejandra Méndez, coordinadora de Renacer en la región Centro. “La promesa de desarrollo se tradujo en contaminación, enfermedad y una vida cada vez más precaria”.

Enfermedades graves y una crisis silenciosa de salud pública

De acuerdo con la red, en estas regiones se registran altas tasas de cáncer —incluida leucemia—, insuficiencia renal crónica, enfermedades respiratorias, alteraciones neurológicas, afectaciones hormonales y reproductivas, así como abortos, nacimientos prematuros y malformaciones congénitas. Las infancias y juventudes son, según denuncian, las más afectadas.

En el marco del primer aniversario de la organización, Renacer informó que, de los más de 60 sitios identificados como RESA, al menos 30 concentran los niveles más extremos de daño ambiental y sanitario, producto de procesos contaminantes sin control efectivo.

Entre las zonas más afectadas se encuentran regiones industriales y extractivas de Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Yucatán, así como ciudades fronterizas del norte del país y áreas clave como el Valle del Yaqui, la cuenca del río Sonora y el Río Bravo.

Un modelo económico que priorizó la inversión sobre la vida

Andrés Barreda Marín, coordinador nacional de Renacer, señaló que el Estado mexicano impulsó durante décadas corredores industriales, mineros, energéticos y agroexportadores, garantizando a inversionistas extranjeros acceso a agua, recursos naturales, concesiones y mano de obra barata, mientras los impactos ambientales quedaban diluidos en cadenas de suministro complejas.

“Las comunidades fuimos convencidas con la promesa de empleo y bienestar, pero lo que llegó fue la sobreexplotación de los recursos y la degradación de nuestros territorios”, denunció. “El modelo permitió contaminar aire, agua y suelo sin asumir responsabilidades reales”.

Exigen justicia ambiental y participación comunitaria

Las comunidades afectadas reclaman que no se les siga excluyendo de la toma de decisiones y demandan soluciones colectivas, públicas y transparentes para atender la crisis ambiental y de salud que enfrentan. Entre sus exigencias se encuentra el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú, la suspensión de nuevos megaproyectos en zonas ya afectadas y la reparación integral de los daños existentes.

También solicitan una revisión profunda de las normas de calidad del aire, agua y suelo, para que reconozcan las sustancias tóxicas y las dosis reales que enferman y matan a la población, así como sistemas de tratamiento y filtración adecuados a cada tipo de contaminación.

En materia de aire, subrayan la urgencia de medir todas las emisiones peligrosas que liberan las industrias, y de garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, acceder al agua, a la salud y a información clara y oportuna sobre los riesgos en sus territorios.

“Queremos desarrollo económico y empleo, pero no a costa de la vida”, concluyó la red. Advierten que, sin un plan nacional de justicia ambiental y sanitaria, el aumento de enfermedades crónicas y la destrucción de ecosistemas podrían alcanzar un punto irreversible, con consecuencias sociales y ambientales de gran escala.

miércoles, 28 de enero de 2026

  • enero 28, 2026


Los incendios forestales que afectan al sur de Argentina volvieron a intensificarse en la provincia de Chubut y mantienen en una situación crítica a la localidad de Cholila, en plena Patagonia. Las llamas, que ya consumieron al menos 35.000 hectáreas, avanzan desde dos frentes y dejaron al pueblo prácticamente cercado, con caminos cortados y una población en estado de alerta permanente.

Los focos activos se extienden desde el Parque Nacional Los Alerces, al sur, y desde Puerto Patriada, al norte, rodeando a esta comunidad ubicada a unos 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Ante el avance del fuego y la falta de recursos suficientes, los propios vecinos se organizaron en brigadas voluntarias para proteger viviendas, abrir cortafuegos y contener las llamas lo más cerca posible del casco urbano.

A mediados de enero, tras dos días de lluvias, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había asegurado que los incendios estaban contenidos. Sin embargo, la tregua duró poco. La ausencia de nuevas precipitaciones, sumada a temperaturas superiores a los 30 grados y fuertes vientos, reactivó los focos y aceleró la propagación del fuego.

“El comportamiento del incendio es extremadamente agresivo y su avance fue mucho mayor de lo previsto”, explicó Mariano Amoroso, investigador del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRAD). Según estimaciones preliminares, la superficie afectada ya supera las 35.000 hectáreas, una cifra inédita en al menos seis temporadas estivales y que duplica ampliamente el peor registro anterior.

La situación en Cholila es especialmente delicada. “El pueblo está completamente rodeado. Los brigadistas oficiales no alcanzan y el apoyo estatal es insuficiente”, advirtió Agustín Naula, vecino de la localidad y restaurador de bosques de la fundación ReforestArg. Desde hace casi un mes, dejó su trabajo habitual para sumarse a las tareas de emergencia. “Hacemos cortafuegos, enfriamos zonas calientes, limpiamos. La gente está agotada, no duerme, vive con miedo”, relató.

Aunque los incendios forestales forman parte histórica del paisaje patagónico, especialistas coinciden en que su frecuencia e intensidad aumentaron de forma marcada en las últimas dos décadas. Ya no se trata solo de fuegos más repetidos, sino de eventos más violentos, con verdaderas “tormentas de fuego” que generan columnas de aire caliente, ceniza y brasas capaces de iniciar nuevos focos a kilómetros de distancia.

El cambio climático aparece como un factor central en esta escalada: sequías prolongadas, vegetación más seca y un aumento de tormentas eléctricas —que elevan el riesgo de incendios por rayos— crean condiciones cada vez más propicias para estos desastres.

En este contexto, la respuesta comunitaria se volvió clave. En ausencia de un sistema estatal de prevención y combate suficientemente robusto, las brigadas vecinales se multiplicaron. Algunas cuentan con experiencia y capacitación, otras se formaron sobre la marcha. Mientras ciertas cuadrillas trabajan coordinadas con organismos oficiales, otras actúan de manera independiente, lo que en ocasiones genera tensiones y riesgos adicionales.

“La falta de formación y equipamiento adecuado puede poner en peligro tanto a los voluntarios como a los operativos oficiales”, advirtió Amoroso. Aun así, en varios puntos de la Patagonia, estas brigadas lograron llegar a zonas donde la ayuda institucional nunca apareció.

Con el verano aún lejos de terminar, Cholila y otras localidades patagónicas permanecen bajo amenaza, en una temporada de incendios que ya se perfila como una de las más devastadoras de los últimos años.

  • enero 28, 2026


Un informe reciente de Oxfam alerta sobre la enorme desigualdad climática que existe en el planeta. Según el estudio Climate Plunder: How a powerful few are locking the world into disaster, la élite económica global, es decir, el 1% más rico, consumió su presupuesto de carbono de 2026 apenas el 10 de enero. Esto quiere decir que en solo diez días, esta fracción de la población generó la cantidad de emisiones que, de manera equitativa, debería repartirse durante todo un año para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.

Si se analiza más a fondo al 0,1% más rico, los datos son todavía más alarmantes: estas pocas personas agotaron su cuota apenas tres días después de iniciado el año. La desproporción es extrema: un superyate en una semana contamina tanto como una persona promedio durante toda su vida. Las emisiones de esta élite no solo afectan al clima, sino que generan consecuencias directas sobre la salud y la economía mundial.

Se estima que las emisiones anuales del 1% más rico provocarán 1,3 millones de muertes por calor extremo antes de que termine el siglo XXI. Además, el daño económico acumulado en los países más vulnerables podría alcanzar los 44 billones de euros en 2050. Las inversiones de estos millonarios en industrias de combustibles fósiles generan, en promedio, 1,9 millones de toneladas de CO₂ por cartera de activos, consolidando un modelo económico que perpetúa el calentamiento global.

El informe señala que la solución no pasa únicamente por cambios individuales, sino por intervenciones políticas y fiscales dirigidas a quienes más contaminan. Entre las propuestas están la creación de un impuesto a los beneficios excesivos de las compañías de petróleo, gas y carbón y gravar o incluso prohibir ciertos productos de lujo con alto impacto ambiental. Esto permitiría recaudar cientos de miles de millones de euros para compensar los daños y financiar la transición hacia una economía más sostenible.

Oxfam subraya que, mientras no se actúe sobre el 1% más contaminante, la lucha global contra el cambio climático estará seriamente comprometida. La investigación deja claro que existe una ruta concreta y urgente para reducir drásticamente las emisiones y combatir la desigualdad: centrarse en quienes más contribuyen a la crisis climática, en lugar de imponer sacrificios desproporcionados a la mayoría de la población.

El mensaje del informe es contundente: el lujo y la riqueza extremos no pueden seguir siendo sinónimo de contaminación extrema. Si el planeta quiere mantener los límites de temperatura seguros, los poderosos deberán asumir su responsabilidad.

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