En al menos diez estados del país, proteger la naturaleza implica arriesgar la vida. Enfrentarse a intereses económicos, políticos o criminales ha convertido la defensa del medio ambiente en una actividad de alto riesgo.
En varias regiones mexicanas, alzar la voz en favor de los ríos, los bosques o los territorios indígenas ha costado amenazas, agresiones físicas, persecución legal e incluso asesinatos. Cada año, decenas de personas defensoras del medio ambiente son blanco de violencia por oponerse a megaproyectos, la minería, la tala clandestina u otras actividades extractivas.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), tan solo en 2024 se documentaron 94 casos de agresión contra personas y comunidades que defienden los derechos humanos ambientales. En esta nota te contamos en qué estados ocurrieron más ataques.
Oaxaca encabeza la lista como el estado más letal para ambientalistas
El Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México (2024) señala que el año pasado hubo 390 víctimas asociadas a los 94 hechos violentos.
De acuerdo con CEMDA, Oaxaca fue la entidad con más eventos reportados, con un total de 15 casos, que incluyeron amenazas, criminalización, difamación y hasta homicidios. Le siguen Chiapas, Michoacán y Puebla, con 9 cada uno, y Veracruz, con 8.
Estos cinco estados concentraron más de la mitad de los ataques registrados (50 de 94, el 53.1%) y también acumularon 127 de las 236 agresiones individuales (el 53.8%) que fueron documentadas.
Otros estados con altos niveles de violencia contra ambientalistas fueron:
- Quintana Roo y Ciudad de México: 7 eventos cada uno
- Sonora y Baja California: 5 cada uno
¿Quiénes son los principales agresores?
En 2024, el principal actor señalado por cometer estas agresiones fueron las propias autoridades gubernamentales, involucradas en 62 de los 94 casos, lo que representa un aumento significativo respecto a 2023, cuando representaban el 49.5%.
Otros perpetradores identificados fueron empresas privadas, involucradas en 25 eventos, y grupos del crimen organizado, responsables de 17 casos.
La mayoría de estas agresiones están relacionadas con proyectos de gran escala o megaproyectos que se desarrollan sin consultar adecuadamente a las comunidades locales. Algunos de los más conflictivos fueron:
- Tala ilegal: 11 casos
- Granjas porcícolas y desarrollos habitacionales/comerciales: 10 cada uno
- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: 7
- Proyectos mineros (‘La Revancha’ y ‘Natividad’): 6
- Tren Maya: 4
- Rellenos sanitarios en Paso de Ovejas y Cholula: 4
- Pesca ilegal: 3
“El panorama sigue siendo alarmante: los ataques a quienes defienden el medio ambiente en México no cesan y reflejan una crisis estructural”, denunció el CEMDA en su informe.
El crimen organizado y su creciente rol en los conflictos ambientales
Aunque históricamente se ha vinculado al crimen organizado con el narcotráfico, en los últimos años estas redes han ampliado su control hacia actividades ilegales como la tala clandestina, minería ilegal, tráfico de especies y despojo de tierras, especialmente en zonas con alta riqueza ecológica.
Las comunidades que denuncian o frenan estas actividades se vuelven automáticamente objetivos de violencia.
La impunidad agrava el problema. Las agresiones perpetradas por el crimen organizado rara vez se investigan o castigan, debido al miedo, la corrupción y la debilidad institucional que prevalecen en muchas regiones del país.
Fuente: https://www.milenio.com/policia/estados-mas-peligrosos-para-activismo-medioambiental
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