A más de tres décadas de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), organizaciones comunitarias y pueblos indígenas aseguran que su impacto en México ha dejado una herencia poco visible pero profundamente dañina: más de 60 regiones del país afectadas por contaminación severa y crisis sanitarias, conocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), o “infiernos ambientales”.
La denuncia fue realizada por la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), que exige a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la creación urgente de un plan integral de justicia ambiental, ante los graves daños a la salud que enfrentan miles de personas que viven en estos territorios.
Durante una conferencia pública, representantes de la red señalaron que la expansión de empresas transnacionales, corredores industriales, proyectos extractivos y parques agroindustriales, impulsada bajo el modelo de libre comercio, se ha realizado sin considerar los costos ambientales ni sanitarios para las comunidades locales.
“Durante más de 30 años hemos vivido expuestos a sustancias tóxicas que se acumulan en nuestros cuerpos”, afirmó Alejandra Méndez, coordinadora de Renacer en la región Centro. “La promesa de desarrollo se tradujo en contaminación, enfermedad y una vida cada vez más precaria”.
Enfermedades graves y una crisis silenciosa de salud pública
De acuerdo con la red, en estas regiones se registran altas tasas de cáncer —incluida leucemia—, insuficiencia renal crónica, enfermedades respiratorias, alteraciones neurológicas, afectaciones hormonales y reproductivas, así como abortos, nacimientos prematuros y malformaciones congénitas. Las infancias y juventudes son, según denuncian, las más afectadas.
En el marco del primer aniversario de la organización, Renacer informó que, de los más de 60 sitios identificados como RESA, al menos 30 concentran los niveles más extremos de daño ambiental y sanitario, producto de procesos contaminantes sin control efectivo.
Entre las zonas más afectadas se encuentran regiones industriales y extractivas de Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Campeche y Yucatán, así como ciudades fronterizas del norte del país y áreas clave como el Valle del Yaqui, la cuenca del río Sonora y el Río Bravo.
Un modelo económico que priorizó la inversión sobre la vida
Andrés Barreda Marín, coordinador nacional de Renacer, señaló que el Estado mexicano impulsó durante décadas corredores industriales, mineros, energéticos y agroexportadores, garantizando a inversionistas extranjeros acceso a agua, recursos naturales, concesiones y mano de obra barata, mientras los impactos ambientales quedaban diluidos en cadenas de suministro complejas.
“Las comunidades fuimos convencidas con la promesa de empleo y bienestar, pero lo que llegó fue la sobreexplotación de los recursos y la degradación de nuestros territorios”, denunció. “El modelo permitió contaminar aire, agua y suelo sin asumir responsabilidades reales”.
Exigen justicia ambiental y participación comunitaria
Las comunidades afectadas reclaman que no se les siga excluyendo de la toma de decisiones y demandan soluciones colectivas, públicas y transparentes para atender la crisis ambiental y de salud que enfrentan. Entre sus exigencias se encuentra el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú, la suspensión de nuevos megaproyectos en zonas ya afectadas y la reparación integral de los daños existentes.
También solicitan una revisión profunda de las normas de calidad del aire, agua y suelo, para que reconozcan las sustancias tóxicas y las dosis reales que enferman y matan a la población, así como sistemas de tratamiento y filtración adecuados a cada tipo de contaminación.
En materia de aire, subrayan la urgencia de medir todas las emisiones peligrosas que liberan las industrias, y de garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, acceder al agua, a la salud y a información clara y oportuna sobre los riesgos en sus territorios.
“Queremos desarrollo económico y empleo, pero no a costa de la vida”, concluyó la red. Advierten que, sin un plan nacional de justicia ambiental y sanitaria, el aumento de enfermedades crónicas y la destrucción de ecosistemas podrían alcanzar un punto irreversible, con consecuencias sociales y ambientales de gran escala.