La posible decisión del Gobierno federal de retomar la fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo ha abierto tensiones dentro del propio bloque gobernante. Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) ya adelantaron su rechazo a la medida, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respalda la estrategia al considerarla necesaria para fortalecer la producción energética nacional.
Durante el sexenio anterior, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en repetidas ocasiones contra el fracking e incluso promovió una reforma constitucional para prohibirlo; sin embargo, la iniciativa no fue aprobada en el Congreso. Ese vacío legal permite ahora que la actual administración analice impulsar nuevamente esta técnica, con el argumento de reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos y aprovechar reservas detectadas en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. La extracción de estos recursos formaría parte de la meta gubernamental de incrementar la producción nacional de hidrocarburos.
El posible giro en la política energética ha generado resistencias entre legisladores oficialistas que mantienen una postura ambientalista. Diputados de Morena y del PT recuerdan que en años recientes se organizaron foros legislativos donde especialistas y activistas advirtieron sobre los riesgos de la fractura hidráulica, especialmente por su impacto en el agua, el suelo y las emisiones contaminantes. Algunos de estos legisladores incluso promovieron iniciativas para prohibir la práctica en la Constitución, aunque dichas propuestas no avanzaron en el proceso legislativo.
Representantes del PT han señalado que su posición histórica sigue siendo contraria al fracking, al considerar que se trata de una técnica de alto costo ambiental que podría afectar severamente a las regiones donde se planea aplicar. Legisladores de Morena que comparten esta postura también han manifestado que no respaldarán reformas regulatorias que faciliten su implementación.
En contraste, el PVEM ha expresado apoyo al cambio de rumbo energético y sostiene que la reactivación del fracking podría contribuir a recuperar la producción petrolera del país. Desde este partido se argumenta que los avances tecnológicos permiten reducir riesgos ambientales y que la discusión debe centrarse en la viabilidad económica y energética del proyecto.
El debate anticipa una confrontación tanto dentro del oficialismo como frente a organizaciones ambientales, que durante años han advertido sobre los efectos de esta técnica en los ecosistemas y en las fuentes de agua. Mientras el Ejecutivo evalúa los pasos regulatorios necesarios para avanzar, la falta de consenso político confirma que la fractura hidráulica volverá a convertirse en uno de los temas más polémicos de la agenda energética nacional.