Aunque la presidenta cuenta con formación científica y experiencia en temas ambientales, su primer año no ha cumplido las expectativas de quienes esperaban una política ambiental más sólida. Persisten los recortes presupuestales, el impulso a megaproyectos de combustibles fósiles, la débil protección a defensores ambientales y el deterioro de áreas naturales terrestres y marinas. Especialistas advierten que los retos ambientales están profundamente ligados a decisiones fiscales, energéticas y de seguridad, por lo que requieren una respuesta coordinada del Estado.
Uno de los puntos más críticos es la violencia contra defensores del medio ambiente. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Estado fue responsable de más del 65 % de las agresiones registradas en 2024, mientras que empresas privadas también estuvieron involucradas en diversos casos. La criminalización de la protesta social sigue siendo el mecanismo más común, como ocurre con comunidades que se oponen a megaproyectos como el Tren Interoceánico. Expertos subrayan la urgencia de implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú y de fortalecer los mecanismos de protección, actualmente rebasados y sin recursos suficientes.
Otro reto central es el financiamiento para las Áreas Naturales Protegidas. Aunque hubo un aumento de último momento en el presupuesto para 2026, este sigue siendo inferior al de hace una década, pese a que la superficie bajo conservación ha crecido. Además, instituciones clave como la Profepa enfrentarán recortes, lo que limitará la vigilancia ambiental y la capacidad de sancionar delitos ecológicos.
La deforestación es otro foco rojo. En 2024, México perdió más de 93 mil hectáreas de bosque, impulsado principalmente por incendios, agroindustria, turismo y megaproyectos. La Península de Yucatán concentra una parte significativa de esta pérdida, agravada por obras como el Tren Maya. Especialistas advierten que la prioridad otorgada a grandes proyectos de infraestructura sigue debilitando la protección de selvas y bosques.
En el ámbito climático, aunque México presentó compromisos más ambiciosos en su NDC 3.0, organizaciones señalan que carecen de un plan claro de financiamiento y de una ruta definida para abandonar los combustibles fósiles. La fuerte dependencia del gas importado de Estados Unidos y la apuesta por nueva infraestructura fósil representan riesgos económicos, climáticos y sociales, además de generar conflictos territoriales.
Finalmente, la adaptación al cambio climático y la atención a comunidades afectadas sigue siendo insuficiente. Casos como el de El Bosque, Tabasco —la primera comunidad reconocida como desplazada climática— evidencian la falta de políticas públicas integrales y de recursos para enfrentar los impactos ya presentes del calentamiento global. A esto se suma la situación de mares y costas, donde comunidades pesqueras enfrentan contaminación, pérdida de empleos y falta de apoyo, pese a ser clave en la protección de manglares y arrecifes.
De cara a 2026, el segundo año del gobierno de Sheinbaum será decisivo para saber si estos desafíos se traducen en cambios reales en la política ambiental o si persisten las contradicciones entre el discurso climático y las decisiones presupuestales y energéticas.