La evidencia científica vuelve a colocar al cambio climático en el centro del debate público tras confirmar que el calentamiento global incrementó la intensidad y el alcance de la dana que golpeó Valencia y dejó más de 230 víctimas, además de graves daños materiales. Estudios de atribución también han vinculado la crisis climática con fenómenos como la tormenta Filomena y los incendios forestales que devastaron amplias zonas de Castilla y León y Galicia, así como con el reciente encadenamiento de borrascas que provocó evacuaciones masivas en el sur de España y Portugal.
Pese a la acumulación de pruebas, crecen en paralelo posturas políticas que minimizan o retrasan la acción climática. Expertos advierten que ignorar la evidencia científica o aplazar la transición ecológica no solo implica desatender el conocimiento disponible, sino también poner en riesgo vidas humanas, economías locales e infraestructuras críticas.
Ante este escenario, especialistas coinciden en que es prioritario reforzar tanto las políticas de mitigación —centradas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la transformación del modelo energético y la revisión del uso del suelo— como las estrategias de adaptación, orientadas a reducir los daños inevitables. La eliminación de subsidios a combustibles fósiles y el impulso de energías renovables forman parte de las medidas clave, en las que intervienen gobiernos nacionales y administraciones locales.
Al mismo tiempo, la adaptación cobra mayor urgencia frente a fenómenos cada vez más frecuentes y severos. La planificación urbana debe incorporar mapas de riesgo actualizados; la agricultura necesita ajustarse a nuevas condiciones climáticas; y las infraestructuras deben diseñarse para resistir lluvias torrenciales, incendios y olas de calor más intensas.
Informes internacionales, como los del Foro Económico Mundial, sitúan al cambio climático entre los principales riesgos globales. En este contexto, expertos subrayan que la respuesta política no puede limitarse a declaraciones, sino traducirse en acciones coordinadas y sostenidas. La crisis climática no solo es una cuestión ambiental, sino también un desafío de seguridad y gobernanza que exige decisiones inmediatas para proteger a la población y garantizar la resiliencia de los territorios.