El Acuerdo de Escazú, un hito en la historia regional al ser el primer tratado que asegura el acceso a la información en temas ambientales, así como el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones concernientes al entorno natural y la salvaguarda de los defensores del ecosistema, ocupa el epicentro de estas conversaciones cruciales.
"Es nuestra responsabilidad proteger a aquellos que velan por la preservación de la vida misma", proclamó con fervor el presidente de Chile, Gabriel Boric, al inaugurar solemnemente la tercera reunión de las partes signatarias de este relevante acuerdo, la cual se llevó a cabo en la majestuosa sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la capital chilena, Santiago.
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por quince naciones, incluyendo Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
En un contexto marcado por conflictos relacionados con la tierra y el agua que involucran desde grandes corporaciones hasta redes criminales dedicadas a la minería ilegal o la deforestación, Chile y Uruguay han unido esfuerzos para presentar una propuesta conjunta destinada a implementar un Plan de Protección. Este plan tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad y la labor de los activistas ambientales.
Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la COP, Marcelo Cousillas, elogió la iniciativa conjunta, describiéndola como "ambiciosa pero realista" para los próximos seis años, hasta 2030.
Según datos de la organización Global Witness, entre 2012 y 2022, se registraron 1,910 asesinatos de defensores del medioambiente en todo el mundo, y la mayoría de los 177 casos reportados en 2022 ocurrieron en América Latina. Colombia encabezó la lista con un tercio de estos casos, según información de la ONG.
"América Latina es la región más peligrosa para los defensores del medioambiente", afirmó Javier Medina, secretario adjunto de la Cepal.
Durante la reunión, los delegados de los quince países participantes, junto con representantes de la sociedad civil, incluyendo a sectores indígenas, colaborarán para establecer la hoja de ruta para la implementación del programa de protección antes del miércoles.
"Nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero sí estamos en contra de no proteger la vida de aquellos que defienden los territorios", declaró Rayén Rupayán, una estudiante y defensora mapuche de 22 años que participa en la reunión.
El Acuerdo de Escazú establece estándares vinculantes en materia de información, participación y justicia en asuntos ambientales. Para cumplir con estos compromisos, es esencial el desarrollo de políticas y regulaciones ambientales en línea con estos estándares. Esto implica la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas que fomenten la participación pública en la toma de decisiones ambientales, así como una mejora constante y progresiva en las reformas para garantizar la plena implementación del acuerdo, la protección del ambiente y el respeto de los derechos humanos fundamentales.
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/discuten-plan-proteccion--defensores-medioambiente-20240423-0004.html
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