La histórica causa global por la crisis climática culmina con una decisión no obligatoria que podría influir en futuros procesos legales por daños ambientales.
La mayor solicitud jamás presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las responsabilidades legales de los países en la emergencia climática ya tiene resolución. Los 15 magistrados del tribunal emitieron por unanimidad una opinión consultiva en la que califican la amenaza climática como “urgente y existencial” y destacan “el deber de cooperación internacional” para evitar los daños tanto ambientales como sociales.
Aunque la resolución carece de obligatoriedad, señala que los países adheridos a tratados climáticos están comprometidos a limitar sus emisiones de CO₂ y a frenar el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. También resalta que proteger el medio ambiente es clave para garantizar los derechos humanos, y que no cumplir con ello puede significar una infracción del derecho internacional.
El presidente de la CIJ, Iwasawa Yuji, subrayó “los límites de esta opinión jurídica solicitada, que esperamos que oriente la búsqueda de soluciones a la crisis climática”. El dictamen, de más de 500 páginas, reconoce el entorno saludable como un derecho humano y podría establecer precedentes que permitan exigir responsabilidades a los países contaminantes. Incluso abre la puerta a nuevos casos ante la CIJ o ante tribunales nacionales.
Durante la lectura del fallo, y también antes, decenas de activistas climáticos protestaron ante la sede del tribunal en La Haya, exigiendo justicia y respeto a los derechos humanos.
La CIJ debía responder a dos cuestiones fundamentales, conforme a la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Las preguntas: ¿Qué deberes tienen los Estados para proteger a otras naciones y a las futuras generaciones del cambio climático? ¿Qué implicaciones legales tienen si no reducen sus emisiones contaminantes?
Sobre la primera, Yuji afirmó que “cuidar el entorno es esencial para preservar los derechos humanos” y que los impactos del cambio climático afectan directamente derechos como la salud, el acceso a agua potable, vivienda y vida familiar. Así, un medioambiente sostenible es “una base imprescindible” para el ejercicio del resto de derechos.
Respecto a la segunda cuestión, Yuji advirtió que la crisis climática, por su daño “sin precedentes”, puede convertir en ilegal el incumplimiento de los compromisos ambientales. La CIJ reconoce que múltiples países generan emisiones, pero insiste en que “cada uno debe asumir su responsabilidad individual”, aunque la contaminación sea compartida. No se precisó qué tipo de compensación cabe esperar, ya que los daños pueden no ser reversibles. Pero sí podrían exigirse reparaciones o restauración del ecosistema afectado, dependiendo del caso.
La consulta a la CIJ fue impulsada en 2019 por Vanuatu, una nación insular del Pacífico cuyo futuro está amenazado por la subida del nivel del mar. En 2023, la Asamblea General de la ONU, con el apoyo de 105 países, solicitó oficialmente al tribunal una opinión sobre las obligaciones climáticas de los Estados.
Casi 100 países y organizaciones participaron en las audiencias. De fondo, persiste la brecha entre las potencias más contaminantes —como EE. UU., China, Brasil, Canadá, Alemania o Reino Unido— y los países insulares o en desarrollo. Para los primeros, tratados como el Acuerdo de París bastan. Los segundos, sin embargo, reclaman justicia frente a los efectos que sufren sin haberlos causado.
Durante su exposición, Yuji reiteró que “el cambio climático afecta tanto a ecosistemas como a personas”, una realidad reconocida por la ONU. Recalcó que superar los 1,5 °C es un riesgo global según todos los informes científicos consultados por el tribunal.
Hacia más juicios climáticos
Aunque no son vinculantes, las decisiones consultivas de la CIJ tienen gran peso político y legal. En este caso, consolidan el vínculo entre derechos humanos y daños climáticos, lo cual puede facilitar juicios en tribunales nacionales o internacionales y acuerdos de cumplimiento obligatorio. Así, aunque no es habitual que los tribunales lideren el cambio social, la CIJ ha dado un paso clave en la lucha por la justicia climática.
La corte ya ha resuelto otras disputas ambientales, como el conflicto entre Argentina y Uruguay por una fábrica de celulosa. Ahora, aborda un tema promovido por Vanuatu, cuya población de 320.000 personas sufre huracanes, erosión y subida del mar, pese a que casi no contribuye al cambio climático.
En 2019 nació en Vanuatu el colectivo Pacific Islands Students Fighting Climate Change, que apoyó al Gobierno para impulsar la resolución de la ONU. Su director, Vishal Prasad, celebró el fallo como “histórico”, ya que “los países pequeños han dado un paso gigante” hacia un mundo en el que los Estados “no puedan ignorar sus responsabilidades”.
Por su parte, Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España, declaró que esta opinión, junto a fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Tribunal del Derecho del Mar, supone “un giro en el derecho internacional”. Añadió que los Estados “ya no pueden evitar sus deberes climáticos” y que “los contaminadores deben rendir cuentas”. A partir de ahora —concluyó—, los tribunales nacionales tendrán que aplicar esta doctrina y exigir responsabilidades tanto a Gobiernos como a empresas.
Fuente: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-07-23/el-tribunal-de-justicia-de-la-onu-dictamina-que-los-paises-que-no-luchan-contra-el-cambio-climatico-violan-el-derecho-internacional.html
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