¿Es el momento de considerar la creación de una Autoridad Mundial del Medio Ambiente?

Esta es una idea que ha estado en debate durante mucho tiempo y ha sido controvertida, surgiendo hace medio siglo a raíz de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972. Desde entonces, se ha construido un sistema para la cooperación y la diplomacia ambiental a nivel internacional que ha estado en funcionamiento durante los últimos 50 años. Como resultado, se han implementado numerosas iniciativas políticas en este campo, destacando los importantes convenios mundiales de las Naciones Unidas, como el Protocolo de Montreal (1985, 1987) para la protección de la capa de ozono y los acuerdos alcanzados en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, que abordan el cambio climático, la biodiversidad y la desertificación. A lo largo de este tiempo, se han desarrollado más de 500 acuerdos ambientales multilaterales (conocidos como MEA, por sus siglas en inglés), según la base de datos de ECOLEX, y han surgido más de 200 organizaciones internacionales especializadas en el tema. Si bien es cierto que este sistema ha logrado algunos avances, hasta ahora los logros han sido insuficientes y demasiado lentos dada la urgencia de abordar la emergencia mundial a la que nos enfrentamos.

En la actualidad, sin embargo, es imprescindible avanzar hacia una gobernanza ambiental global democrática para abordar con éxito los desafíos sistémicos del Cambio Global en esta nueva era conocida como el Antropoceno o, más precisamente, el Capitaloceno. Nunca antes en la historia de la humanidad nos hemos enfrentado a tantas amenazas ambientales, como el cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que tienen un impacto predominante a nivel mundial afectando la salud, el desarrollo socioeconómico y la seguridad global, tal como ha señalado el Foro Económico Mundial sobre Riesgos Globales en sus informes más recientes. Por lo tanto, la comunidad internacional debe dar un paso decisivo para asegurar una adecuada protección y gobernanza del medio ambiente mundial.

En esta dirección, las Naciones Unidas propugnan la renovación del contrato social entre los países y una mayor solidaridad entre las generaciones a través de un nuevo "pacto mundial por el medio ambiente" basado en una gobernanza global fundamentada en la confianza, la solidaridad y los derechos humanos.

En relación a esto, un primer aspecto clave de la gobernanza ambiental mundial es la gestión de los "bienes comunes globales" que, por convención, no están sujetos a la jurisdicción nacional. Estos incluyen áreas como alta mar, la atmósfera, la Antártida y el espacio ultraterrestre. Recientemente, se ha logrado un hito importante en este sentido, ya que el 19 de junio de 2023 se acordó un histórico Tratado de la ONU sobre los océanos, también conocido como Tratado para la Gobernanza de la Alta Mar, que es legalmente vinculante y busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional.

El otro gran desafío es la gestión equitativa y sostenible de los "bienes públicos globales", donde la paz, la salud y la sostenibilidad del planeta son elementos fundamentales. La expansión de problemas globales, como la pandemia de la COVID-19 o la degradación de los sistemas naturales, también debe abordarse mediante una mayor provisión y protección de estos bienes públicos globales.

Este ambicioso proyecto de gobernanza mundial requiere cambios profundos en las sociedades y significativas innovaciones organizativas para hacerlo realidad en la práctica. La soberanía nacional, el poder, los recursos y las oportunidades deben compartirse de manera más equitativa a nivel global, para reflejar coherentemente la unidad y las interdependencias que existen en todo el planeta.

Se trata de algo más que simplemente reformar el Sistema de Naciones Unidas, que hasta ahora ha sido el principal referente. Si bien seguirá siendo importante, requiere una profunda renovación de su estructura institucional para mejorar su eficacia. Es necesario permitir nuevas formas de multilateralismo que reflejen la diversidad de intereses sociales y eviten las asimetrías de poder y las desigualdades. También es fundamental corregir y democratizar el predominante "multilateralismo de élite", representado por grupos como el G-7 o el G-20, que concentran una gran parte de la economía mundial, el comercio global, la población y las emisiones que contribuyen al cambio climático.

El concepto de soberanía nacional es controvertido y paradójico. La cesión de parte de la soberanía nacional conlleva beneficios colectivos y añade valor al conjunto. Por el contrario, cuando se rechaza egoístamente la cooperación, se afecta la disponibilidad y distribución equitativa de los bienes y servicios globales, debilitando en última instancia la soberanía nacional misma. Una soberanía "responsable" también es "inteligente" al gobernar de manera solidaria el patrimonio común de la humanidad. Lo más urgente es lograr una verdadera "gobernanza global" basada en un enfoque poliédrico, responsable y democrático, que optimice los beneficios compartidos y evite imponer sacrificios injustos a los actores más desfavorecidos. Es posible que, en lugar de una única autoridad, se pueda establecer una autoridad compleja donde varios tipos de autoridades (públicas, privadas e híbridas) compartan responsabilidades, interactúen e influyan entre sí.

La participación del sector privado en sus diferentes formas, como empresas, organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil, está adquiriendo cada vez más importancia. Es poco probable que los Estados estén dispuestos a delegar explícitamente en actores privados la responsabilidad de gobernar el medio ambiente. Sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar determinante. Por ejemplo, en el caso del Protocolo de Montreal de 1987 para la protección de la capa de ozono, donde se prohibió el uso de sustancias químicas perjudiciales como los aerosoles, a menudo se destaca la dimensión política y se subestima la influencia de las empresas multinacionales que dominaban el mercado de los Clorofluorocarburos (CFC) a nivel internacional. Estas empresas ya tenían una alternativa tecnológica, los Hidrofluorocarburos (HCFC), que les permitía seguir obteniendo ganancias y controlando los mercados.

Los nuevos modelos de gobernanza requieren cambios significativos no solo en las políticas y en las formas de implementarlas, sino también en los patrones de pensamiento y en la adopción de un enfoque sistémico y una visión más centrada en la biósfera. Es necesario recuperar el sentido perdido de la biofilia, como nos habla E. O. Wilson, que se refiere a nuestra tendencia innata de prestar atención a la vida y a los procesos vitales. Estas transformaciones no solo implican cambios en las estructuras mentales, sino también en la manera de abordar y valorar los aspectos biológicos y ecológicos en nuestra toma de decisiones.

Sin embargo, lo más importante es contar con líderes políticos ambiciosos, inspiradores y comprometidos que estén dispuestos a abordar la gobernanza ambiental a nivel mundial. Estos líderes deben enfrentar los riesgos sistémicos globales y establecer controles efectivos sobre los poderes de los Estados y los mercados. Esta es la piedra angular para impulsar un auténtico Plan de Emergencia Planetaria.

Fuente: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2023-07-04/la-hora-de-la-gobernanza-ambiental-mundial.html