Fueron pescadores locales quienes alertaron a las autoridades y difundieron imágenes del desastre, mostrando peces y delfines muertos cubiertos de petróleo. La Asociación de Protección Ambiental Pro Desarrollo Sostenible de Talara (ASPAST) denunció que este derrame pone en riesgo tanto el equilibrio ambiental como actividades económicas esenciales como la pesca y el turismo. ASPAST exige una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.
Un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que entre 1997 y 2023 se han registrado 1.462 emergencias relacionadas con hidrocarburos en Perú. Piura, escenario de este desastre, es la segunda región más afectada, con 566 eventos, solo superada por Loreto, en la Amazonía. En conjunto, estas dos regiones concentran el 87% de los derrames en el país.
El antecedente más grave ocurrió en enero de 2022 en Ventanilla, Callao, donde se derramaron 11.900 barriles de petróleo durante operaciones de descarga. Este desastre afectó 15.000 hectáreas de costa y mar, incluidas 46 playas y dos áreas protegidas, y provocó la muerte de 1.852 ejemplares de fauna silvestre. A raíz de esa tragedia, en agosto de 2022 se promulgó una ley para abordar emergencias ambientales, pero su implementación sigue pendiente por falta de reglamentación.
Petroperú aseguró que ha movilizado personal especializado para mitigar el daño, mientras que OEFA supervisa las acciones de limpieza. Sin embargo, la ONG Oceana Perú denunció irregularidades, señalando que la empresa estatal está contratando personal local sin proporcionar equipos de protección adecuados. Oceana exigió que se garantice la seguridad de quienes participan en la limpieza.
En medio de esta crisis, Petroperú enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad financiera. Durante 2024 se discutió si la empresa, en crisis desde hace años, debería declararse en quiebra. En septiembre, el Gobierno emitió un decreto de urgencia para rescatarla. Hace un año, la presidenta Dina Boluarte inauguró la renovada Refinería Talara, pero medios locales reportaron problemas técnicos. Ahora, mientras termina 2024, un nuevo derrame pone en evidencia la fragilidad de la gestión ambiental en el país, dejando la magnitud total del daño aún sin precisar.
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