miércoles, 13 de mayo de 2020

La gran apuesta por energías renovables en México

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CENACE, las renovables y la apuesta energética en México

¿Cómo contribuir a la discusión sobre las decisiones en materia energética del gobierno actual —incluida la reciente del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de restringir la operación de plantas de energía renovable— sin aburrir con tecnicismos a los lectores de Animal Político?

Quizás sea buena idea empezar con unas cifras extrañas: 54 y 46 por ciento. Varios funcionarios federales han repetido que esa proporción es la que debe mantenerse entre generación eléctrica pública (vía la CFE) y privada. ¿Por qué 54-46? Al parecer porque esa es la proporción actual o por lo menos al inicio de esta administración. Demos esa explicación por buena, 54-46. Pero, preguntémonos de nuevo ¿por qué? En realidad, no hay razones. Y sin embargo la pregunta es importante porque esta arbitraria división del sector explica en parte las decisiones en energía del gobierno actual. Al estilo de los Aliados con Berlín al término de la Segunda Guerra, alguien en un escritorio se inventó una “línea” en el mapa del sector energético mexicano para proteger la participación de mercado de CFE (y de Pemex, pero esa es otra historia) y limitar artificialmente la participación de empresas privadas. Esa es la política pública.

Algo similar ha sucedido en la venta minorista de gasolinas (donde la CRE prácticamente ha dejado de dar permisos a franquicias o suministro diferentes a Pemex), en los mecanismos para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (al cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia en beneficio de la CFE), o en el transporte de gas natural (al renegociar los términos ya firmados entre las empresas y la CFE). En suma, el gobierno federal está haciendo todo lo posible para limitar la inversión privada en el sector energético sin cambiar las leyes que lo regulan, aunque esto sea ilegal.

Con esto en mente, pasemos ahora al reciente acuerdo del CENACE. El argumento expuesto en dicho acuerdo es que por la contingencia sanitaria el Estado debe garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Hasta ahí todo muy bien. Sin embargo, ¿estaba la generación eléctrica, o el sistema eléctrico en México comprometida por la epidemia? No. Los cambios en la demanda eléctrica y las fluctuaciones de frecuencia en la red los ha manejado el CENACE (y antes la CFE) con software y trabajando coordinadamente con los generadores sin ningún problema. Suena a que desde la SENER e impulsado por CFE se inventaron un problema donde no lo había.

Pero haberse inventado un problema no es lo peor del acuerdo. Lo peor es la “solución”: prohibir la entrada de nuevas plantas de energía renovable (casi todas privadas) e intentar obstaculizar la generación ya en operación. Es cierto que las energías renovables tienen variabilidad. Sin embargo, cualquier red eléctrica tiene formas de evitar que estas variaciones afecten la seguridad del sistema. Así funciona en todo el mundo. De hecho, el argumento de la intermitencia es absurdo. La generación vía renovables ha aumentado enormemente en los últimos 20 años y eso no ha hecho menos confiables a las redes eléctricas. Existen prácticas operativas y tecnologías de información que permiten un manejo óptimo de la red para lograr una mucho mayor integración de renovables. El CENACE sabe hacer esto, tiene a los profesionales para manejarlo y podría optar por una ruta de mejora tecnológica antes que por la de limitar generación renovable.

Entonces, ¿por qué se emitió el famoso acuerdo? Por la misma razón que alguien se inventó el 54-46 mencionado más arriba. Porque los responsables del sector energético quieren limitar la participación privada al pensar que eso beneficia a las empresas energéticas del Estado. Punto. Si para lograrlo hay que llevarse a las renovables entre las patas, pues ni modo.

Los generadores privados (de renovables o fósiles) representan una competencia para CFE. Las reglas del sistema eléctrico mexicano establecen que las plantas más eficientes deben despacharse antes (inyectar su energía a la red) y, por tanto, al prohibir el CENACE la operación de las plantas renovables permite que entren en operación las viejas plantas de combustóleo de la CFE. Así, mantiene artificialmente la participación del mercado de la comisión y, como un premio añadido, la da una salida al combustóleo que produce Pemex que, por contaminante, ya casi no tiene mercado. Otro caso más en el que el gobierno limita la participación privada en energía sin necesidad de cambiar las leyes.

¿Será que este tipo de decisiones beneficien a CFE? Mas importante aún: ¿el consumidor mexicano de energía se beneficiará? ¿Tendremos energía suficiente para el futuro, más barata y menos contaminante? Las plantas de generación de energía con inversión privada son más eficientes y limpias que las de CFE. Le venden a CFE o a clientes propios, como la ley lo permite, a menores costos que la misma empresa estatal. Además, lo hacen sin ningún tipo de subsidio.

Al limitar la operación de plantas privadas, los costos de generación de la CFE van a aumentar. Al proteger artificialmente la cuota de mercado de CFE y sus plantas caras y sucias, la empresa eléctrica pública tendrá eventualmente que aumentar sus tarifas o el gobierno federal tendrá que aumentar el subsidio al consumo eléctrico. Pensando en las presiones presupuestales, esto no puede ser una buena noticia.


Por otro lado, el daño ambiental será enorme. No se exagera al afirmar que el daño que le ha hecho este gobierno a las energías renovables será de muy largo plazo. A contrapelo de lo que sucede en todo el mundo, y más con el creciente consenso científico sobre la gravedad del cambio climático, México va de reversa en la transición energética.

Dado lo aquí expuesto, cabe preguntarse si los responsables de la política energética en México están conscientes de los costos de sus decisiones. Si saben que en aras de que los balances de CFE (y Pemex) se vean un poco mejor están poniendo en riesgo a toda una industria con enorme potencial de inversión y empleo, que es clave para el crecimiento de la economía y que, de manera crucial, debería contribuir a un medio ambiente más saludable. En los tiempos que vivimos, equivocarse en esta apuesta sería gravísimo.

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